Sirviendo predominantemente a la comunidad agrícola de bajos ingresos, el Centro de Leyes se enfoca en ofrecer servicios relacionados a la compensación de trabajadores, asuntos relacionados a fraudes al consumidor y a barreras para trabajar. El Centro de Leyes de Watsonville ofrece sus servicios por medio de clínicas de asesoría, talleres para grupos y por medio de representación directa.

Para más información sobre nuestros programas, por favor comuníquese con el Centro de Leyes al (831) 722-2845

Servicios del Centro de Leyes

Programa de Clínicas de Asesoría Legal
El centro está en el proceso de implementar un programa en el cual voluntarios de universidades y colegios locales recibirán capacitación en diferentes áreas de las leyes, en técnicas de entrevistas y en éticas y asuntos de negligencia profesional. Durante la capacitación, los estudiantes participarán activamente en los servicios legales entrevistando clientes en las clínicas de asesoría legal y asistiendo a manejar los casos de los clientes bajo la supervisión de abogados del centro y abogados voluntarios especializados en una área particular de la ley.

Las clínicas ofrecen una oportunidad para dar servicios legales básicos a muchos clientes y también sirven para seleccionar a las personas que requieren servicios legales más detallados o representación directa. Los estudiantes supervisados por los abogados del Centro, trabajarán en los casos que se presentan en las clínicas.

Talleres Informativos
El Centro de Leyes de Watsonville considera que una manera eficaz de evitar los problemas legales es por medio de la prevención. Los servicios educativos para la comunidad ofrecen información sobre derechos y obligaciones legales en general, prácticas preventivas, autodefensa individual, y conocimiento sobre como tener acceso a los servicios legales. Esta información se disemina por medio de materiales educativos y presentaciones para grupos en colaboración con asociaciones de vivienda para personas de bajos ingresos, organizaciones de padres y otros grupos de la comunidad.

El Proyecto de Barreras para el Empleo
El Centro de Leyes de Watsonville recibe fondos del Condado de Santa Cruz para ofrecer servicios legales enfocados a eliminar las barreras legales de empleo para los participantes del programa CalWORKS. Estos servicios incluyen, pero no se limitan a limpiar los récords criminales para poder obtener empleo y licencias de manejar, asuntos de pagos atrasados del sostenimiento de niños y asuntos de deudas y créditos.

El Proyecto de Compensación al Trabajador
El Centro de Leyes de Watsonville recibió fondos de California Endowment para iniciar un proyecto de compensación al trabajador agrícola en colaboración con Asistencia Legal Rural de California, Salud Para la Gente y Applied Survey Research.

Este proyecto educa a los trabajadores agrícolas sobre sus derechos bajo el sistema de compensación al trabajador y sobre cómo prevenir y tratar lastimaduras y enfermedades. Se ofrecen clínicas legales para que los trabajadores agrícolas que han tenido una lastimadura o enfermedad en el trabajo puedan recibir asesoría legal gratuita, una referencia a un abogado o representación legal cuando un abogado no esté disponible. Además el proyecto contrata proveedores de salud y los capacita en el tratamiento y diagnosis de lastimaduras y enfermedades relacionadas a la agricultura. También estamos trabajando en el desarrollo de una red informativa de proveedores de salud para que a los trabajadores no les falte el cuidado de salud necesario. El Proyecto también investiga fraudes de los empleadores a través de esfuerzos coordinados con otros grupos.

El Proyecto de Protección al Consumidor
El área de los Condados de Santa Cruz, Monterey y San Benito es una localidad donde vive una gran población de inmigrantes empleados principalmente en la agricultura. Muchos de ellos no hablan inglés y tienen una escolaridad limitada. Los inmigrantes de bajos ingresos son unos consumidores muy vulnerables y como generalmente tienen limitaciones financieras, las pérdidas que resultan de las transacciones de negocios injustas o ilegales pueden causar serias consecuencias en esta población como desempleo o falta de vivienda. Debido a su vulnerabilidad esta comunidad de inmigrantes está sujeta a un alto índice de fraude al consumidor y a practicas ilegales de negocios.

Aunque hay leyes que protegen a los consumidores para este tipo de prácticas ilegales, muchos residentes locales no tienen el conocimiento, educación, conocimiento del inglés ni muchas veces el conocimiento de alfabetización necesarios para protegerse y defenderse a sí mismos. Además muchos de ellos no tienen la residencia inmigratoria en este país y por consiguiente optan por quedarse callados por miedo a tener problemas con el Departamento de Inmigración.

El Proyecto de Protección al Consumidor se enfoca en tres áreas principales:
Fraude de consultores de inmigración, fraude sobre vehículos y contratos de crédito, y fraude sobre telecomunicaciones.

1. El Proyecto de Fraude de Consultores de Inmigración
En esta población local existen servicios de inmigración fraudulentos, inmorales e ilegales que ofrecen servicios a personas inmigrantes inocentes y en muchos casos desesperadas. Estos clientes pagan grandes cantidades de dinero por recibir a cambio consejos inapropiados sin fundamento y a veces remedios de inmigración no existentes que, en lugar de ayudarlos, frecuentemente causan consecuencias negativas permanentes y severas a las personas y a sus familias.

Para poder enfrentar este problema, el centro de Leyes de Watsonville a iniciado un comité colaborativo que incluye a grupos como Asistencia Legal Rural de California, Caridades Católicas, el Proyecto de Ciudadanía, el Proyecto de Inmigración del Condado de Santa Cruz, Private Immigration Bar, la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Monterey, la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Santa Cruz, la Oficina del Congresista Sam Farr y la Oficina del Asambleísta Simón Salinas.

2. Fraude de Vehículos y Contratos de Crédito
Los inmigrantes vulnerables, particularmente aquellos que tienen una escolaridad limitada y que no hablan ni leen inglés, encaran enormes obstáculos para obtener información exacta sobre transacciones del consumidor y sobre contratos de crédito para compras de artículos para el hogar y sobre compra y renta de vehículos.

Los comercios inescrupulosos continúan operando con prácticas injustas e ilegales sin tener miedo de represalias porque ellos saben que las víctimas de escasos recursos no hablan o casi no hablan inglés y estos clientes no descubren rápidamente los fraudes, y generalmente tienden a no reportarlos.

El Centro de Leyes de Watsonville tiene planes para ofrecer servicios que eduquen a la comunidad de habla hispana de bajos ingresos sobre sus derechos y obligaciones al firmar contratos de ventas a crédito, también para evaluar quejas que surjan de compras a crédito, y ofrecer asistencia legal para que estos consumidores puedan poner en efecto sus derechos legales.

3. Fraude de Telecomunicaciones
Con fondos de la Fundación de Protección al Consumidor de California, el Centro de Leyes de Watsonville está trabajando para implementar un proyecto de tres partes sobre fraude al consumidor, que educará a la comunidad de habla hispana de bajos ingresos sobre sus derechos y obligaciones como consumidores de servicios y productos de telecomunicación, también identificarán las quejas y agravios que resulten de la compra de estos servicios y productos de telecomunicación, y ofrecerán asistencia legal para que estos consumidores puedan ejercer sus derechos legales.

Las prácticas ilegales de negocios de telecomunicación que a menudo se enfocan en la comunidad de habla hispana, resultan en cambios sin autorización de compañías de teléfono o en la adquisición de cargos extra sin autorización o explicación que después aparecen en el recibo de teléfono del consumidor. Una encuesta hecha por la Liga Nacional del Consumidor encontró que las personas de apellidos hispanos fueron significantemente más a menudo víctimas de este tipo de fraudes.